E. P./ REDACCIÓN La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, preguntó a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, informó ayer la institución.

La sentencia del Supremo establece que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras…) debe tributar como suelo rústico en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por eso, cerca de 300 propietarios pagar precios desorbitados por servicios urbanísticos inexistentes. Un ejemplo de IBI desmedido corresponde a un afectado de la zona de Llano de Brujas, que paga hasta 3.830 euros por terrenos ‘urbanizados’ que no cuentan con nigún tipo de servicio público.

La legislación actual obliga a tributar por una finca como urbana desde que el Catastro recibe la comunicación del nuevo planeamiento. Existen municipios que aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana en una etapa de expansión y desarrollo inmobiliario, que nunca se desarrolló por el cambio en la situación económica.

La sentencia del Tribunal Supremo coincide con el criterio del Defensor del Pueblo que, en un informe publicado en 2012, ya señalaba la necesidad de acomodar la valoración catastral al principio de capacidad económica real.

Para la institución, valorar con fines tributarios un inmueble por encima de su valor de mercado «supone gravar una riqueza ficticia o inexistente».

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia ha sido la más reivindicativos ante el ayuntamiento de Murcia para exigir la rebaja del IBI en unos terrenos que fueron calificados como suelo urbanizable y no se ha puesto ni un ladrillo. LLegó incluso a crear una plataforma de afectados. «No hay agilidad por parte del ayuntamiento de Murcia ni hay un horizonte temporal definido para resolver las peticiones de los afectados. Tampoco se les informa con transparencia de cómo va a ser el proceso de valoración y análisis de los centenares de casos. Exigimos que se tomen medidas con carácter de urgencia, porque la situación es injusta e insostenible y los afectados siguen pagando», llegó a decir un portavosz de los Promotores. También reclamaron una rebaja miembros de la Junta de Hacendados y un numeroso grupo de particulares que no podía hacer frente a los recibos.

Según los afectados, el Ayuntamiento está aplicando un IBI calculado en base a una serie de servicios urbanísticos que no se están ofreciendo. Los suelos, que pasaron de categoría de urbanizables a urbanos, en la práctica no lo son porque no se han urbanizado, por lo tanto se solicita que, hasta que las obras sean una realidad, se revise el impuesto.